Editorial No. 10.- SISTEMA DE AHORRO DE RETIRO Y VIVIENDA.

En 1992 se firma el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de América, Canadá y México.  El cual entro en vigor años después.   En ese mismo año se crea el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).  El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) deja de constituir el Fondo de Ahorro con las aportaciones de sus derechohabientes y comienza a integrar con éstas la Subcuenta de Vivienda.  La Ley de este organismo se reforma, estableciendo la devolución del Fondo de Ahorro al trabajador cuando cumpla 65 años, se amplía el plazo para el pago del crédito a 30 años, se da prórroga al trabajador  para el pago de su crédito por doce meses, etc. 

En 1994 surge la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) que es el órgano encargado de regular el SAR.    Para 1995 México sufre una crisis financiera de enormes proporciones que provoca desempleo y caída en el poder adquisitivo de los salarios.  Los fondos del SAR los mal administro el gobierno federal y no tardo mucho tiempo para darse cuenta la iniciativa privada que esas aportaciones del 2% que estuvieron otorgando a los trabajadores a partir del año 92, se aplicaron a otros rubros del gobierno federal.  
De ahí surge la idea de que fuera la iniciativa privada la que se hiciera cargo del retiro de los trabajadores, y se modifica La ley del Instituto Mexicano del Seguro Social entrando en vigor el 1 de julio de 1997.  Aquí es donde se crean las Administradores de Fondo para el Retiro (AFORES) y renuncia el estado a su deber para con los obreros.  Entre otros cambios de esa fecha fueron que los trabajadores tendrían que cotizar de 500 a 1,250 semanas de cotización.  En ese tiempo los medios de comunicación, los diputados, la prensa vendida, todos fueron cómplices del gran retroceso que sufrían los trabajadores mexicanos. 

Diez años después, en 2007, modifican la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado, donde efectúan una acción similar.  Es cruel, pero al parecer el estado quiere desligarse de su compromiso social e intenta que los trabajadores no disfruten de lo ganado con el esfuerzo de su trabajo.  Le están quitando sus derechos a los trabajadores y nadie hace nada por detenerlos.   Pretenden que la gente se muera trabajando, o si bien llegan a retirarse, pagar por poco tiempo su pensión.    Acaban de proponer un cambio en el sistema de ahorro para la vivienda de los trabajadores.  Del 5% que otorga el patrón para cumplir el compromiso constitucional de otorgarle vivienda a sus empleados, tomaron 3% para constituir la pensión universal.  Le resultara más difícil al trabajador obtener un crédito.  La CONSAR, informo que cerca de 10 millones de trabajadores no han elegido su AFORE, y en cuyas cuentas existen 75 mil 253 millones de pesos.   

 

Infantil fue creer que la iniciativa privada se interesaría por el retiro de los trabajadores.  Nos están quitando el Estado de Bienestar. ¡México Despierta!. 

EDITORIAL 9.- REFORMA EN TELECOMUNICACIONES

Al inicio del presente sexenio, dentro de los compromisos del llamado PACTO POR MEXICO, nuestro presidente Lic. Enrique Peña Nieto, anuncio la desaparición de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y creo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL).   Siendo esta una de las importantes reformas a las que no se les ha dado mucha difusión.  Intentaremos explicar aquí el porqué.   El nacimiento de este órgano federal autónomo es para ver todo lo concerniente al espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como también el acceso a toda esa infraestructura.

Fue publico el distanciamiento de 2 grandes corporaciones en México:   Grupo Carso (Telcel y Telmex) y Televisa.    Quienes en el pasado fueron socios, de pronto se declararon listos para entrar a competir entre ellos.   Carlos Slim quiere entrar en el negocio de la televisión abierta y Televisa se asocio con TV Azteca para entrar en el negocio de la telefonía celular.

Nuestro gobierno federal da muestra de su poder incluyendo elementos de control a estos 2 grupos.    Primero  la IFETEL declaro “agente económico preponderante” en materia de telecomunicaciones a América Móvil, por lo que deberá de abstenerse de realizar cargos a los usuarios por concepto de roaming nacional, entre otras cosas que disminuirán sus ingresos.    A televisa también la declaro “agente económico preponderante” en materia de radiodifusión, por lo que deberá de abstenerse de  adquirir los derechos en exclusiva de transmisiones que en su momento el gobierno considere de interés general.    Es decir, se le acabo el negocio del futbol, juegos olímpicos, etc.   También marco lineamientos para que las compañías de televisión por cable incluyan en su programación los canales de televisión abierta (must carry-must offer), con esta acción da fin a las demandas que había celebrado Televisa y TV Azteca contra la empresa DISH por incluir en su programación sus canales de televisión abierta.   El anuncio de los agentes económicos preponderantes origino que los precios de las acciones de ambas compañías disminuyeran en la bolsa.

Se anuncio también la licitación de  2 cadenas de televisión abiertas.   Lo cual dará al pueblo de México más opciones de entretenimiento y de información más veraz.   Los canales actuales de televisión abierta, al parecer habían olvidado que son una concesión del gobierno federal y actuaban con iniciativa propia tergiversando toda la información que debía recibir el pueblo de México.   Muchas de todas estas acciones eran difíciles de concebir que se podrían dar hace apenas unos meses, porque parecía que el gobierno estaba como comparsa de las grandes compañías.   Un acierto del gobierno federal en todas las acciones que sean beneficio del consumidor.

En estos días se discute en el Congreso de la Unión las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones.  Existe preocupación en algunos sectores de la sociedad civil, dado que algunos artículos le otorgan facultades al Estado para “bloquear, inhibir o anular” las señales de telecomunicación, cuando ellos consideren que se pudiera afectar la seguridad nacional y el orden público.  Aparte de que otorgan facultades persecutorias al gobierno, podrán interferir comunicaciones en internet, en celulares, bloquear contenidos en la red, etc.   Un proyecto riesgoso para una incipiente democracia.