Editorial No.38 Febrero 2016 - LEY MENDOZA

En diciembre pasado el Congreso del Estado de Baja California Sur modifico su Constitución Política del Estado, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Hacienda, así como la Ley de Derechos y Productos, pasando a su potestad los servicios de Control Vehicular, Registro Civil y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, vendiendo la idea de que al homologarse los tramites se mejoraría el servicio en todo el estado.  Lo anterior en un completo sigilo, dado que ni los funcionarios de los municipios, ni los propios regidores, tenían información de lo que estaba ocurriendo en la ciudad de La Paz.  Normalmente un cambio tan trascendente como el anterior era operado políticamente con el visto bueno de los cabildos.

Inicio el año y se exhibieron los funcionarios estatales al crear un caos en las dependencias municipales.   No habían preparado ni siquiera la logística de cómo se iba a operar dicho cambio.

Había pasado la primera quincena y las nuevas dependencias, ahora estatales, no contaban con papelería oficial nueva ni sellos para otorgar el servicio.

Los municipios dejaron de percibir una cantidad importante de ingresos por concepto de derechos municipales.    Les vendieron la promesa a los municipios de que al registrarse como ingresos estatales podrán acceder a más recursos federales.

Resulta que quienes llevan poco tiempo controlando las finanzas del estado descubrieron el hilo negro.   Al anterior Secretario de Finanzas que fue operador transexenal habrá que preguntarle porque nunca propuso este cambio si es tan bueno para los municipios y para el estado.

El artículo cuarto transitorio de la Ley de Derechos y Productos otorga un paliativo.  Si el incremento entre la ley anterior municipal y la ley actual estatal es mayor al 25%, se aplicara un estímulo fiscal del 66.66%, sobre la diferencia entre las tarifas para 2016 y 33.33% para 2017.  

Lo único cierto es que los municipios dejaran de recibir inmediatamente una fuente importante de recursos propios y solo tienen la promesa de que en años venideros posiblemente reciban más participaciones federales.   El gobierno del estado es mal recaudador.  Recordemos que de todo su presupuesto solo lograr el 5% de recursos propios.  El gran perjudicado con este cambio es el ayuntamiento de Los Cabos dado que sus ingresos propios representan el 65% de la totalidad de sus recursos.

Hay un dicho mexicano aplicable a lo anterior que dice: “gavilán que agarra y suelta, no es gavilán”.   Y no vimos ningún gavilán en los ayuntamientos de todo el estado.